LA DESAPARICIÓN FORZADA UN CRIMEN DE ESTADO

Por Yizeth Bonilla

Las ONG que trabajan en contra del fenómeno de la Desaparición Forzada han coincidido en definirlo como “la detención o secuestro de una persona contra su voluntad (…) por agentes del gobierno o (…) de grupos organizados o de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentamiento, quienes se niegan a revelar la suerte (…) o el lugar donde se encuentran, o a reconocer que están privadas de la libertad, substrayéndolas así a la protección de la Ley”.

En tal declaración, se entiende que éste crimen es responsabilidad del gobierno, aunque éste no sea el único culpable pero si el mayor implicado históricamente en las desapariciones forzadas, realizadas por las fuerzas de seguridad estatales.

A pesar de que Colombia ha vivido inmersa en la violencia y la barbarie desde mediados del siglo anterior, hasta finales de los 70 era muy poco frecuente hablar de desaparecidos, y más insólito aún que éste fuera un tema de debate público. Cuando se hacía era en referencia a viejos que se perdían en la calle, novios que se fugaban, niños que escapaban de su casa, víctimas de desastres naturales, y en general de casos en los que no se podía culpar a nadie por el hecho, donde se hacía bajo voluntad de quien se perdía, o por accidente. Se veía como un fenómeno distante, presente en otros países de América Latina. Empezó en Guatemala, a mediados de los 60, cuando se instituyó allí la temida Policía Judicial, que dejó más de 30.000 desaparecidos hasta la terminación del conflicto interno a finales de 1997. Le siguió Brasil (1964) y otros casos más sonados como el de Chile con la caída del gobierno de Salvador Allende (1973) y la aplastante dictadura de Augusto Pinochet, que en sólo 17 años desapareció a más de 2.000 personas opuestas al régimen, muchos fueron torturados, asesinados y posteriormente sus cuerpos eran lanzados al mar, no dejando rastros de su paso; o el de la Argentina de 1976, “posterior al golpe militar, donde desaparecieron más de 25.000 argentinos”[1].

Tan sólo en septiembre de 1977 el tema apareció en la esfera mediática nacional. Cuando corría el último año de gobierno de López Michelsen, los medios de comunicación dieron a conocer la desaparición de Omaira Montoya, una bacterióloga de 30 años, embarazada y militante del M-19. Omaira fue detenida junto con Mauricio Trujillo, su novio, en Barranquilla por agentes del F2 de la policía, él posteriormente apareció muerto y con señales de tortura, pero ella nunca fue hallada. Así se convirtieron en los primeros detenidos-desaparecidos registrados en Colombia, aunque éste reporte lo hizo Asfaddes (Asociación de familiares de detenidos-desaparecidos), una ONG que nació años después, y no organismos gubernamentales, que en aquel entonces se hacían los de la vista gorda con la problemática.

El verbo “desaparecer”, palabra llena de magia, en nuestro contexto de una magia oscura y perversa, se empezó a utilizar más frecuentemente durante el gobierno de César Turbay Ayala. Éste intentó contrarrestar los disturbios estudiantiles y la violencia guerrillera promulgando un “estatuto de seguridad” que coartó las libertades civiles y concedió amplios poderes al Ejército.

Durante 1982 desaparecieron, uno a uno, 11 estudiantes de la Universidad Nacional, y 2 de la Universidad Distrital. Al parecer, el factor común era su simpatía con la izquierda, las ideas del Elp y el M-19. Los familiares de éstas víctimas se unieron y crearon Asfaddes, realizando una primera marcha ante la Plaza de Bolívar en el 83, siguiendo el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina.


En su libro “Desaparecidos, El drama de las familias”, el periodista Hernando Salazar Palacio relata la experiencia de Carlos Armando Joya, hermano de Edilbrando Joya, uno de los estudiantes desaparecidos:

«Carlos Armando contestó algunas llamadas: -“Mire, Edilbrando no llegó. Edilbrando está desaparecido-”. Uno había oído que habían desaparecido a Omaira Montoya en Barranquilla, pero eso no era común en Colombia. Edilbrando me había comentado que los hermanos [Orlando y Edgar] García estaban desaparecidos. Pero yo le decía: “¿Cómo así que desaparecidos? ¡Una persona no se puede desaparecer!” Desde cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, sabía que las autoridades torturaban, mataban, pero el término “desaparecido” era extraño en nuestro medio. (…)»

Las investigaciones acerca de la desaparición de estos jóvenes, después de que sus familias presionaran al gobierno de Belisario Betancur, mostraron que el caso podría estar ligado al secuestro y asesinato de los niños Álvarez, los tres hijos de José Hader Álvarez Moreno, quien fue extraditado a los Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Al parecer, el hombre puso a trabajar a miembros del F2 en la búsqueda de sus hijos y posteriormente en la venganza por el homicidio de éstos. Los ataques se dirigieron hacía personas que estaban vinculadas supuestamente con el M-19, pues se responsabilizó a éste grupo del rapto de los niños. La otra hipótesis que se manejó al respecto, era que los hechos estaban involucrados con el secuestro de Gloria Lara de Echeverri, cuñada del presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fabio Echeverri Correa. En ese entonces se había creado un grupo ilegal autodenominado MAS (Muerte a secuestradores), que había amenazado a varios de los desaparecidos. Funcionaban como paramilitares y dentro de la organización había miembros de la fuerza pública. Varios oficiales fueron enjuiciados por la justicia penal militar mientras se adelantaban los procesos penales que buscaban esclarecer la desaparición de los jóvenes, pero las sanciones nunca respondieron a una verdadera intención de hacer justicia, más bien fueron unos paliativos ineficientes para las familias que tuvieron que luchar durante años en un intento de resistencia ante la impunidad.

Durante los 80, con el auge del narcotráfico, el “estatuto antiterrorista” de Virgilio Barco, el desplazamiento y las luchas territoriales entre guerrillas, paras y ejército, aumentaron las cifras de éste delito. Por ejemplo, según afirman los testimonios recogidos por Hernando Salazar en su libro, en la zona montañosa de Norte de Santander y cerca de Ocaña, mientras las Fuerzas Militares luchaban contra el Eln, el ejército mató a muchos civiles, a los cuales vestían de camuflado para hacerlos pasar por guerrilleros y reseñarlos luego como N.N. Casos de este tipo ocurren aún hoy en todo el país.

En el Valle del Cauca, mientras se fortalecían el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle, también empezaron a desaparecer cientos de personas. En municipios como Trujillo se superaron las cifras de muertos de la denominada “época de Violencia” de los 50 cuando los grupos armados ilegales, los narcos, los militares y la policía se disputaron el poder. Los mafiosos emprendieron una guerra contra el frente del ELN que ocupaba la zona, en ella masacraron, torturaron y desaparecieron a miles de campesinos, presidentes de cooperativas, sindicalistas, presidentes de junta de acción comunal, políticos, y en general todo aquel a quien podían relacionar con los “elenos”. Durante los 80 y 90 el Río Cauca se convirtió en el sitio predilecto de los criminales para arrojar a sus víctimas. Era muy común encontrar cuerpos mutilados y torturados que el río dejaba a su paso por el Valle, principalmente en los rastrojos de Trujillo y Riofrío o en el departamento de Risaralda, en municipios como la Virginia y Marsella. Éste último, represó muchos cadáveres y se convirtió en el sitio más frecuentado por las familias que buscaban a sus desaparecidos, gracias a los rumores de que allí iban a parar los muertos del Valle.

María Dayssi Carbonell, una campesina dedicada a trabajar como empleada doméstica y madre de Carlos Arturo Basto Carbonell, desaparecido en 1986, dijo al periodista Hernando Salazar:

«Albeiro [compañero de Carlos Arturo] me contó que a la gente la rajaban, la llenaban de arena y de piedra y la echaban al río, Cuando se llevaron a Carlos, Víctor, mi otro hijo, estaba cogiendo café por la zona. Pero esa semana, a él le había dado el afán de irse para el pueblo (…). Víctor me contó que en esos días él se levantaba temprano y salía al parque de Trujillo y veía bajar las bestias con los muertos amarrados»

Los métodos utilizados para borrar del panorama a muchos ciudadanos, eran tan atroces como el mencionado. El secuestro o detención ilegal (muchas veces las personas eran privadas de la libertad en sitios públicos por hombres que se identificaban como agentes del F2 o militares) era seguido por torturas, mutilaciones, y sepultura en fosas comunes de los cadáveres.

Sin embargo, a pesar de la fuerte presión que ejercían los familiares de desaparecidos adscritos a Asfaddes o con la ayuda de la Asociación Colombiana de juristas, su lucha por encontrar verdad, justicia y reparación en Colombia ha sido una labor muy complicada y casi infructuosa.
Tan sólo hasta el año 2000 la desaparición se convirtió en un delito penal. Aunque la Constitución de 1991 señala en el artículo 12: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, fue la Ley 589 de Julio de 2000, “por medio de la cuál se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones, la que permitió que el crimen se contabilizara legalmente y trató de ofrecer ayuda para la prevención, erradicación y “reparación” de éste fenómeno.

Dentro de tal ley, se creo una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desparecidas, integrada por miembros del estado e integrantes de la ONG. Sin embargo, tan sólo otros cuatro años después el delito empezó a ser registrado en las estadísticas nacionales. En Julio de 2005, se aprobó una nueva ley “por medio de la cuál se reglamenta el mecanismo de búsqueda urgente”, es decir que pasaron más de 30 años desde que ésta modalidad de violencia empezó a ser visible en Colombia y tan sólo el año pasado el estado “se preocupo” por realizar la búsqueda de las personas desaparecidas registradas ante sus organismos. Ésta ley también hizo que Medicina Legal tuviera que diferenciar las causas de desaparición de una persona, o sea, ya no era igual reportar a un abuelo extraviado que a un desaparecido víctima del conflicto armado.

Según un artículo de María Teresa Ronderos, publicado en la página Web de la revista Semana, “todavía falta mucho para que la desaparición forzada sea tenida en cuenta políticamente. No es por casualidad que en las estadísticas oficiales de los logros de la Política de Seguridad Democrática no se haya registrado este delito. De acuerdo con quienes han investigado este crimen, la mayoría de sus víctimas son dirigentes campesinos y populares, simpatizantes de movimientos de izquierda, trabajadores de las ONG. Y a los gobiernos de la derecha no les gusta reconocer a las víctimas provenientes de la izquierda”.
“Pero hay aun otro motivo más poderoso. De incluir los retrocesos en desaparición forzada en las estadísticas oficiales, la impecable película de la seguridad democrática se habría desenfocado. De hecho, el período entre mediados de 2002 y mediados de 2003, el estreno del gobierno de Álvaro Uribe, se considera uno de los peores registrados, con 410 desaparecidos: por agentes del Estado (62), guerrillas (13) y paramilitares (334), según algunas de las cifras más conservadoras. La ONG que agrupa a los familiares de los desparecidos, Asfaddes, registró 1.362 desaparecidos en 2002 y 1.189 en 2003”.
El acertado análisis de Ronderos, muestra como una vez más el gobierno se hace el de la vista gorda ante ésta problemática. Hace tres décadas eran señalados como los responsables; luego, con la creación de los grupos paramilitares la culpa fue transferida a ellos (aunque el gobierno siempre ha tenido fuertes lazos con éstos grupos armados, muestra de ello, el reciente escándalo de políticos que tenían nexos con paramilitares) y actualmente vuelven a tomar parte visible como victimarios al ignorar adrede éste crimen como problema político.
Según ha declarado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, en Colombia existe “un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad… Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas”. Para ellos la desaparición forzada es un crimen “cometido por agentes estatales o personas que perpetran el delito con su tolerancia, aquiescencia o apoyo”. La revista Hechos de Callejón afirma que “según la Comisión Colombiana de Juristas, por omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo se le atribuye al Estado la mayor responsabilidad en los casos de desaparición forzada y, en un menor porcentaje, por perpetración directa de agentes estatales. Después de los grupos paramilitares, en la lista de presuntos perpetradores aparecen el Ejército, la Policía y la Armada, en ese orden”.

Con el proceso de desmovilización de los paramilitares se han encontrado decenas de fosas comunes que éstos han ubicado con sus confesiones. “240 cuerpos de colombianos han sido encontrados y, según la Fiscalía General, se espera hallar 2.500 más. Sin embargo, el delito de la desaparición forzada continúa en el país: 839 personas desaparecieron por la fuerza en 2005, y 175 en el primer semestre de 2006, según el Instituto de Medicina Legal”[2].

Marilú Méndez, directora del CTI de la Fiscalía dijo en una declaración que de julio del 2005 hasta septiembre del 2006 se han realizado 644 exhumaciones de cadáveres y otras mil se harán en el 2007. Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, también hizo un llamado por la radio el pasado 27 de octubre a las víctimas del paramilitarismo para que denunciaran los crímenes de éstos contra sus familiares. Se lamentaba de que muchas familias de las víctimas del paramilitarismo no denunciaban por temor a represalias. Que si no lo hacían, no iban a ser reparadas por el Estado. “Impávido decía esto un funcionario de escritorio desde la capital. “Es decir, que las familias de las víctimas serían reparadas por un Estado gobernado por los mismos que fomentaron el paramilitarismo como estrategia contrainsurgente, como es el caso del presidente Álvaro Uribe quien financió e impulsó la creación de grupos de autodefensa, origen del paramilitarismo, desde mediados de los 80s. Claro, no sólo él”, afirmó el periodista de Unimedios Oláfo Montalbán en un artículo, donde también recogía las declaraciones de éstas fuentes oficiales.
Por otra parte, ¿será que la Fiscalía tiene los recursos suficientes para realizar la identificación de los cadáveres? El método más utilizado por el CTI en tal proceso es la dactiloscopia pero se ve imposibilitado cuando el cadáver es hallado en osamenta. La vestimenta es otro recurso de identificación, pero no el más exacto. La carta dental no se le hace a los N.N. que llegan a Medicina Legal, tan sólo se hace un reporte (que justifica el número que se les asigna). La prueba de ADN es muy delicada y sólo la pueden hacer laboratorios muy especializados. Hasta principios de los 90 sólo se hacía en 3 de los Estados Unidos. ¿En Colombia existirán ya laboratorios tan especializados como para hacer éstas pruebas? Pues se supone que si, por ello en las exhumaciones de fosas de N.N se han enviado varios cráneos a Bogotá para que los laboratorios del CTI traten de esclarecer la personalidad jurídica del difunto. Sin embargo estos procesos se realizan muy esporádicamente y los resultados pueden tardar hasta más de seis meses; aunque se debe reconocer que en los últimos años el CTI ha mejorado mucho en la identificación de cadáveres, ahora utilizan métodos como el de la reconstrucción tridimensional de rostros, que hace posible identificar la apariencia que poseía el sujeto antes de morir.

Muchos están encontrando los restos de sus familiares y recibiendo pequeñas indemnizaciones, aunque no se les haga justicia a sus verdugos; pero otros muchos posiblemente nunca los encontraran porque el temor, los años o la resignación no les permitieron denunciar el hecho.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar en éste país para que se tomen medidas frente a delitos de lesa humanidad como éste? La respuesta no es muy alentadora si se recuerda el caso de los desaparecidos de la toma al Palacio de Justicia. Tan sólo después de dos décadas se mostraron públicamente los videos que prueban que el ejército sacó vivas a varias personas de la cafetería, de las cuales nunca más se volvió a tener noticia.

Siguen las investigaciones y las “Comisiones de la Verdad”, pero muchos de los implicados continúan tranquilos. Mientras tanto, las familias siguen esperando impacientes, bajo una profunda incertidumbre, a que se les diga que pasó con sus seres queridos, y quizá, los más optimistas, a que el Estado haga pagar a los responsables; pero indudablemente el gobierno no se va a echar la soga al cuello.


Fuentes:

- SALAZAR PALACIO, Alfonso. Desaparecidos, El drama de las familias. Intermedio Editores, 1999.

- ASFADDES. La desaparición Forzada en Colombia…un crimen sin castigo. 1999.

- Revista “Hechos del Callejón”. Artículo: «Los desaparecidos forzados en Colombia. ¿Cuántos se buscan?»Noviembre de 2006

- RONDEROS, María Teresa. Artículo Web: «Reconocer a los desaparecidos». En www.semana.com.

- MONTALBÁN, Oláfo. "Seguridad democrática" y fosas comunes: el Nomeolvides de los ausentes”. Unimedios. Oct. 31, 2006

- www.asfaddes.org.co

[1] Según un folleto de Asfaddes.
[2] Tomado de la Revista “Hechos del Callejón”. Artículo: «Los desaparecidos forzados en Colombia, ¿Cuántos se buscan?»Noviembre de 2006.