Por Carmen Elisa Murillo
Para llegar al Instituto de Medicina Legal del Hospital Universitario del Valle se atraviesa un parqueadero que da a una puerta trasera del hospital. La entrada tradicional por urgencias está temporalmente cerrada, por las construcciones del MIO.
En la esquina de la panadería la facultad, al doblar a la izquierda subiendo por la calle quinta, se alcanza a ver una reja metálica de la que se abre una angosta puertecita por donde entra y sale gente a cada momento sin ningún tipo de restricción. Afuera, aguardan vendedores de minutos a celular a cuanta persona sale.
Al pasar el parqueadero, también en construcción, se llega al Instituto de Medicina Legal y Forense, del que se desprenden dos oficinas, una de atención al usuario y otra donde se encuentran los laboratorios.
La oficina de atención integral al usuario funciona también como sala de información para identificaciones a personas desaparecidas; aunque hace apenas un año se abrió esta área de atención, atendida por dos trabajadores sociales.
Diana Patricia, trabajadora social, está vinculada hace más de doce años a la institución. Se encuentra en una estrecha oficina con una pequeña ventana hacia el parqueadero. El martilleo de la construcción se filtra en la conversación. “El proceso para buscar a una persona desaparecida se ha agilizado mucho, comparado con años anteriores”, me dice, “pero la gente eso no lo entiende y el dolor los lleva a la desesperación. Muchos de estos trámites que tardaban más de dos años, ahora están listos en casi dos meses”.
Cuando un cadáver ingresa a Medicina Legal se le realiza una reseña, que consta de una toma de muestras dactiloscópicas, fotográficas y descripciones muy detalladas del aspecto físico y de las prendas que trae; así como las heridas que presente, las cuales brindan información sobre la forma en que murió la persona.
Si un cuerpo llega indocumentado y no es reclamado en un lapso de un mes y medio, después de la debida divulgación, se registra como N.N. y se procede a la exhumación en el cementerio San José de Siloé, donde se encuentra las fosas comunes destinadas para los N.N.s.
El municipio es el encargado de destinar el presupuesto para realizar las exhumaciones y Medicina Legal realiza el procedimiento necesario para llevarlas a cabo.
A las personas que llegan en busca de un desaparecido se les realiza una entrevista técnica, de la que se encargan los trabajadores sociales, la cual consta de dos partes. En la primera, se especifican los datos generales de la persona (nombre, edad, sexo, ocupación, profesión, estudios realizados) y obviamente las características de la desaparición. La segunda parte, trata los datos morfológicos (estatura, contextura, raza, estructura ósea, color de ojos y cabello) así como un mapa del rostro que detalle particularidades, las cuales se llevan en una base de datos en un aplicativo que contiene diferentes variables y posibles opciones, como lunares, cicatrices, manchas o tatuajes. También se realiza una descripción dentaria, muy importante a la hora de identificar el cadáver, la constitución de los dientes, el cuidado y la forma, dan mucha información de la persona.
Los reconocimientos a cadáveres ya no se realizan en la morgue, son reconocimientos fotográficos. El acceso a la morgue está restringido a personal calificado, por el impacto psicológico que conlleva el estar en contacto con el cadáver de un ser cercano y por el riesgo biológico al que se exponen las personas por no tener las vacunas requeridas; no obstante, se filtran casos como las divulgaciones de videos de autopsias realizadas al interior de la institución.
Después de hacer el reconocimiento fotográfico y constatar las características generales, se realiza la debida identificación. Hay dos tipos de identificaciones: La identificación indiciaria, que se hace al confrontar los elementos de la entrevista técnica con los hallazgos en la morgue después de realizada la necropsia; y la identificación fehaciente, que es mucho más compleja y requiere de pruebas dactiloscópicas, odontológicas o muestras de ADN, éstas últimas sólo se realizan en caso de que sean necesariamente requeridas o en casos muy delicados en que el cadáver no se pueda reconocer, por el costo que implican y porque sólo se realizan en los laboratorios de Bogotá, pues no hay equipos adecuados en las sedes regionales.
A Medicina Legal llegan un promedio de 25 N.N. al mes. El porcentaje de mujeres es muy bajo, la mayoría son hombres entre los 18 y 40 años. Las personas menores de 40 años generalmente son victimas de muertes violentas o de la mal llamada limpieza social.
Al salir de la oficina de Diana Patricia, un señor esperaba insistentemente ser atendido; hacia pocos minutos había interrumpido la conversación, pidiendo hablar con la trabajadora social. Al atravesar nuevamente el parqueadero eran casi las doce del día, el ruido de las sirenas de las ambulancias se alejaba y el sol se disponía a calentar con mucha más fuerza.
Para llegar al Instituto de Medicina Legal del Hospital Universitario del Valle se atraviesa un parqueadero que da a una puerta trasera del hospital. La entrada tradicional por urgencias está temporalmente cerrada, por las construcciones del MIO.
En la esquina de la panadería la facultad, al doblar a la izquierda subiendo por la calle quinta, se alcanza a ver una reja metálica de la que se abre una angosta puertecita por donde entra y sale gente a cada momento sin ningún tipo de restricción. Afuera, aguardan vendedores de minutos a celular a cuanta persona sale.
Al pasar el parqueadero, también en construcción, se llega al Instituto de Medicina Legal y Forense, del que se desprenden dos oficinas, una de atención al usuario y otra donde se encuentran los laboratorios.
La oficina de atención integral al usuario funciona también como sala de información para identificaciones a personas desaparecidas; aunque hace apenas un año se abrió esta área de atención, atendida por dos trabajadores sociales.
Diana Patricia, trabajadora social, está vinculada hace más de doce años a la institución. Se encuentra en una estrecha oficina con una pequeña ventana hacia el parqueadero. El martilleo de la construcción se filtra en la conversación. “El proceso para buscar a una persona desaparecida se ha agilizado mucho, comparado con años anteriores”, me dice, “pero la gente eso no lo entiende y el dolor los lleva a la desesperación. Muchos de estos trámites que tardaban más de dos años, ahora están listos en casi dos meses”.
Cuando un cadáver ingresa a Medicina Legal se le realiza una reseña, que consta de una toma de muestras dactiloscópicas, fotográficas y descripciones muy detalladas del aspecto físico y de las prendas que trae; así como las heridas que presente, las cuales brindan información sobre la forma en que murió la persona.
Si un cuerpo llega indocumentado y no es reclamado en un lapso de un mes y medio, después de la debida divulgación, se registra como N.N. y se procede a la exhumación en el cementerio San José de Siloé, donde se encuentra las fosas comunes destinadas para los N.N.s.
El municipio es el encargado de destinar el presupuesto para realizar las exhumaciones y Medicina Legal realiza el procedimiento necesario para llevarlas a cabo.
A las personas que llegan en busca de un desaparecido se les realiza una entrevista técnica, de la que se encargan los trabajadores sociales, la cual consta de dos partes. En la primera, se especifican los datos generales de la persona (nombre, edad, sexo, ocupación, profesión, estudios realizados) y obviamente las características de la desaparición. La segunda parte, trata los datos morfológicos (estatura, contextura, raza, estructura ósea, color de ojos y cabello) así como un mapa del rostro que detalle particularidades, las cuales se llevan en una base de datos en un aplicativo que contiene diferentes variables y posibles opciones, como lunares, cicatrices, manchas o tatuajes. También se realiza una descripción dentaria, muy importante a la hora de identificar el cadáver, la constitución de los dientes, el cuidado y la forma, dan mucha información de la persona.
Los reconocimientos a cadáveres ya no se realizan en la morgue, son reconocimientos fotográficos. El acceso a la morgue está restringido a personal calificado, por el impacto psicológico que conlleva el estar en contacto con el cadáver de un ser cercano y por el riesgo biológico al que se exponen las personas por no tener las vacunas requeridas; no obstante, se filtran casos como las divulgaciones de videos de autopsias realizadas al interior de la institución.
Después de hacer el reconocimiento fotográfico y constatar las características generales, se realiza la debida identificación. Hay dos tipos de identificaciones: La identificación indiciaria, que se hace al confrontar los elementos de la entrevista técnica con los hallazgos en la morgue después de realizada la necropsia; y la identificación fehaciente, que es mucho más compleja y requiere de pruebas dactiloscópicas, odontológicas o muestras de ADN, éstas últimas sólo se realizan en caso de que sean necesariamente requeridas o en casos muy delicados en que el cadáver no se pueda reconocer, por el costo que implican y porque sólo se realizan en los laboratorios de Bogotá, pues no hay equipos adecuados en las sedes regionales.
A Medicina Legal llegan un promedio de 25 N.N. al mes. El porcentaje de mujeres es muy bajo, la mayoría son hombres entre los 18 y 40 años. Las personas menores de 40 años generalmente son victimas de muertes violentas o de la mal llamada limpieza social.
Al salir de la oficina de Diana Patricia, un señor esperaba insistentemente ser atendido; hacia pocos minutos había interrumpido la conversación, pidiendo hablar con la trabajadora social. Al atravesar nuevamente el parqueadero eran casi las doce del día, el ruido de las sirenas de las ambulancias se alejaba y el sol se disponía a calentar con mucha más fuerza.
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